• Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de la modificación de los estatutos de la asociación empresarial denominada “Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad”, en siglas APROSER, con número de depósito 99000393 (antiguo número de depósito 365).
  

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Pleno. Sentencia 89/2018, de 6 de septiembre de 2018. Recurso de amparo 4422-2017. Promovido por don Miguel Ángel Ramos Tejera en relación con la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, que declaró la procedencia de su despido de la empresa Seguridad Integral Canaria, S.A. Vulneración del derecho a la libertad sindical en relación con la libertad de expresión: despido de un trabajador, miembro del comité de empresa, que asistió a un pleno municipal portando una careta y una camiseta que exhibía un lema crítico con el comportamiento de la empresa y del ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y que posteriormente participó en la rueda de prensa en la que se anunció convocatoria de huelga.

El Tribunal Supremo mantiene que este tipo de prestación económica, al ser por motivos laborales, se encuentra dentro del “caudal hereditario”.

El Tribunal Supremo ha concedido a los herederos de un extrabajador de la empresa Uralita que murió de un cáncer provocado por el amianto la indemnización por daños y perjuicios que correspondía a su viuda, pese a que la mujer ya ha fallecido.

Según ha informado el bufete de abogados Colectivo Ronda, que ha representado a los familiares en esta sentencia, la sentencia del Supremo es pionera, dado que por primera vez reconoce el derecho de los herederos a beneficiarse de indemnizaciones económicas en el ámbito laboral.

En su sentencia, explica Efe, el Tribunal Supremo ha estimado el recurso de los herederos y les ha dado la razón, anulando el fallo anterior del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que les denegó la indemnización porque la viuda del trabajador, que fue la que inició el litigio, ya había fallecido.

El Supremo mantiene que esta prestación económica, al ser por motivos laborales, se encuentra dentro del “caudal hereditario” y por lo tanto pueden seguir beneficiándose los familiares de ella a pesar del fallecimiento de la viuda.

Durante años, la viuda del trabajador de la empresa Uralita, de Cerdanyola del Vallès (Barcelona), recibió una indemnización por la muerte de su marido por cáncer bronquial de pulmón en el año 1973.

En 2011 la señora reclamó la revisión de su pensión al asegurar que la causa de la muerte de su marido, más allá del consumo habitual de tabaco, era de origen laboral, ya que en la empresa trabajaban con un material tóxico llamado amianto.

El TSJC dictaminó que la causa del fallecimiento estaba ligada con la inhalación de fibras de amianto y que, por lo tanto, la indemnización debía subir un 50 %, ascendiendo hasta los 125.576 euros.

En un principio, al haber fallecido la beneficiaria, la empresa se negó a pagar la cantidad a sus familiares (hijo y nieta) al considerar que este pago formaba parte de los “derechos personalísimos”, que son intransferibles.

El TSJC falló a favor de la empresa. Sin embargo, gracias al asesoramiento del Colectivo Ronda, el Supremo ha terminado otorgando la indemnización a los familiares y ha marcado un precedente para futuros casos.

http://www.expansion.com/juridico/sentencias/2018/10/15/5bc4a92546163f530e8b45c8.html

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) condena a una agente de policía por un delito de revelación de secretos, a 4.200 euros de multa y año y medio de inhabilitación para empleo y cargo público tras difundir un informe policial por WhatsApp .

Aunque la reciente sentencia es aún recurrible, expone que el informe contenía datos concretos de un hecho y de una persona, con su nombre y apellidos, dirección, nacionalidad e incluso referencias a sus antecedentes penales. “Era un documento interno de trabajo con trascendencia, una información conocida en el ejercicio de su función policial, y con relevancia”, afirma el fallo.

La transmisión del documento, según precisa el fallo, “afectó directamente al derecho a la intimidad de un tercero, así como a la presunción de inocencia a la que tiene derecho toda persona investigada”. Y añade que el hombre a la que se hacía referencia “ni siquiera era investigado, y en el documento se incluía información facilitada desde otro país sobre hechos que pudieran haber sido similares, en el marco de una incipiente investigación policial, sin que hubiera absolutamente nada más que lo vinculara a los hechos investigados”.

Según se considera probado en la sentencia, “faltando a su deber de no difundir el documento”, éste recogía una solicitud de colaboración remitida por la Policía Foral con motivo de una denuncia presentada sobre unos hechos presuntamente ocurridos en un centro escolar de Pamplona, donde supuestamente un varón había intentado convencer a un menor para que se fuera a su casa. En el informe se añadía que la conversación en inglés y se facilitaban los datos de identidad de una persona con antecedentes de pederastia.

Fuente

http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/9428920/10/18/La-Justicia-multa-a-una-policia-por-enviar-un-informe-por-WhatsApp.html

EUSKADI | SEGURIDAD

UGT solicita del Gobierno Vasco la aplicación ley de contratos del sector público en la contratación de la seguridad privada

Introducir en los pliegos de contratación elementos que primen los criterios de calidad por encima de la oferta económica, establecer como baja temeraria aquella que no cubra los costes salariales recogidos en el convenio sectorial, obligar a las empresas a la aplicación del convenio sectorial durante la ejecución del contrato así como establecer la resolución del mismo por el impago de nóminas son elementos recogidos en la Ley de Contratos del Sector Público que ahora deben ser trasladadas por el Gobierno a los pliegos de contratación en materia de seguridadprivada.

En igual forma UGT ha solicitado de los responsables políticos presentes en la reunión la necesidad de crear una comisión de seguimiento en materia de contratación donde Gobierno, sindicatos y patronal dentro de un marco de concertación social realicen un seguimiento del cumplimiento de las empresas adjudicatarias durante la vigencia del contrato.

A partir de la interpretación que se ha venido haciendo de la sentencia referida por diferentes organizaciones sindicales y que se vienen difundiendo por diferentes medios, desde este sindicato y, después de la interpretación que ha realizado el departamento jurídico, queremos señalar:

La sentencia del Tribunal Supremo nº 675/2018 considera que la retribución de las horas extraordinarias contenidas en el art. 42 del Convenio Colectivo no incluye ningún incremento en relación con la retribución de horas extraordinarias. Es decir, no se establece con carácter general el incremento del 75 % en el valor de la hora extraordinaria.

Este incremento del 75% sobre el valor de la hora extraordinaria solo opera cuando el trabajador no haya podido disfrutar del descanso anual compensatorio establecido en el art 44 del convenio colectivo, anulando el párrafo tercero que hace referencia a la forma de abono de dichas horas. El precepto anulado señalaba que el valor de la hora se abonará conforme a los valores mencionados en el art. 42, esto, es a valor de la hora ordinaria y sin el incremento del 75%.

ART 44. Descanso anual compensatorio

“Dadas las especiales características de la actividad y el cómputo de jornada establecida en el art. 41 , los trabajadores afectados por el presente convenio, adscritos a los servicios y cuya jornada sea igual o superior a ocho horas, tendrán derecho a un mínimo de 96 días naturales de descanso anual, quedando incluidos en dicho descanso los domingos y festivos del año que les correspondiera trabajar por turno y excluyendo de este cómputo el periodo vacacional que se fija en el artículo siguiente.

El resto del personal tendrá derecho a un descanso mínimo anual de día y medio ininterrumpido.”

La condición , según establece el art 47 del RD 2001/ 1983 al que se refiere la sentencia del Tribunal Supremo establece ese incremento del 75 % cuando no se pueda disfrutar del día festivo o descanso semanal de forma excepcional y por razones técnicas y organizativas.

VALORACION

La sentencia del Tribunal Supremo no aclara una cuestión que dada la casuística de nuestro sector es determinante, esto es, cuando uno no disfruta del día festivo o del descanso semanal , lo hace por una situación de excepcionalidad o por la voluntad, más o menos consentida, de realizar horas extraordinarias.

Por tanto, y en espera de que podamos ser capaces de delimitar el alcance exacto de la sentencia del Tribunal Supremo y su incidencia en las posibles reclamaciones individuales y/o afectación respecto al convenio actual, os pedimos prudencia en el traslado de la información.

En cualquier caso, se hace absolutamente necesario reivindicar a las empresas la entrega de los cuadrantes mensuales o anuales con delimitación concreta de las jornadas de trabajo y de los descansos. Igualmente importante es solicitar por un medio fehaciente la voluntad inequívoca de no querer realizar horas extraordinarias aquellos trabajadores que así lo deseen. Estas dos condiciones van a facilitar la interpretación de los juzgados de lo Social en relación a las posibles demandas de la cuestión aquí planteada.

Lo que sí es indubitado que el plazo para efectuar reclamaciones de cantidad, una vez que tengamos claro lo que podemos demandar y que medios de prueba se exigen, es de un año a partir de la notificación de la sentencia (7 de Septiembre de 2018).

Las condiciones económicas para los vigilantes de seguridad que prestan sus servicios en los aeropuertos quedan suficientemente avaladas tanto en el acuerdo de Fomento como en su posterior traslado al Comenio Colectivo Estatal de Seguridad Privada, por lo tanto y más allá del importe por el que se adjudicaron en estos meses los citados servicios, no es excusa ni pretexto para no abonar correctamente a las plantillas los acuerdos económicos suscitados.

En igual forma el denominado BONUS MALO vinculado a criterios de calidad solicitados por AENA en algunos aeropuertos nacionales, debe resolveré sin dilación entre los representantes legales de las empresas con sus direcciones en aquellos aeropuertos sometidos a estos criterios de calidad, tal y como se desprende del mencionado acuerdo.

Cualquier situación que no sea enfocada por parte de las empresas en esta dirección, será por parte de UGT tratada en primera instancia con responsables del Gobierno y de AENA, solicitando de esta ultima proceda a resolver los contratos de aquellas empresas que no se ciñan al cumplimiento de lo acordado. Todo ello sin renunciar a las practicas jurídicas, de acción sindical o movilizaciones que en cada momento sean proporcionales y necesarias, y todo ello en defensa del colectivo de la seguridad privada en el territorio naciona

Para el Observatorio la falta de diálogo cobra especial importancia dada la “capital trascendencia” que tiene esta norma para el sector y porque todas las organizaciones que lo integran pertenecen a la Comisión Nacional de Seguridad Privada, que tiene por función dicho cauce de consulta previa

El Observatorio integra a APROSER, la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión General de Trabajadores (FeSMC – UGT), Comisiones Obreras de Construcción y Servicios (CC.OO.) y la Federación de trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (FTSP – USO).

TRANSPORTE DE EFECTIVO Y PROTECCIÓN DE LOS VIGILANTES

Además, desde el Observatorio han exigido cambios en el documento. Así, consideran que uno de los puntos “de mayor gravedad” del texto presentado “repentinamente” por Interior sería la seguridad en las actividades de transporte de fondos y depósito de efectivo.

Según el borrador –ha explicado el Observatorio– entidades que no tengan consideración de empresas de seguridad podrían realizar operaciones de transporte de fondos de hasta 215.000 euros y depósitos de menos de 25 millones de euros no serían considerados depósitos de seguridad.

Las entidades del sector han exigido “la retirada de esta propuesta del trámite reglamentario”, por suponer casi una “completa desregulación del sector”, y un debate sobre el resto de la propuesta.

En palabras del secretario de FeSMC-UGT, Diego Giráldez, “estas medidas suponen que el 95% de las actividades que son garantizadas por empresas y profesionales de seguridad privada con excelentes ratios de calidad serán prestadas por empresas y personas ajenas” al sector.

Giráldez ha criticado que esto provocaría una “casi total” destrucción de empleo en el sector y un incremento de los niveles de fraude, ya que se podría eludir la trazabilidad del efectivo, y convertiría a España en el país europeo con menor supervisión de la gestión del efectivo por las autoridades públicas.

Una segunda crítica que hace el Observatorio al documento es “el insuficiente tratamiento de la protección jurídica de los vigilantes de seguridad”.

En esta línea, las organizaciones consideran que los supuestos en los que los vigilantes cuentan con la protección jurídica de agente de autoridad –que, han apuntado, mejoran la situación actual– deben generalizarse.

Juan José Montoya, coordinador del área jurídica de CC.OO. Construcción y Servicios, ha incidido además en la equiparación de medios de protección y defensa a las que utilizan las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado cuando intervienen junto a ellos.

Por su parte, el secretario general de la patronal Aproser, Eduardo Cobas, ha apuntado a la necesidad de contar con un Reglamento que desarrolle la Ley de Seguridad Privada cuatro años después de su aprobación.

Cobas ha indicado que, “sin negar los aspectos positivos del Reglamento”, algunas de las medidas conllevan “peligro” al “promocionar un servicio low cost de la seguridad en detrimento de la calidad”, un factor clave que, en su opinión, ha llevado a la seguridad privada española a ser un modelo para otros países.

Otras reivindicaciones del Observatorio han sido la formación profesional necesaria para acceder al sector, la incorporación de empresas interpuestas en el proceso de contratación de servicios de seguridad o la reducción “desproporcionada” de las cuantías de los seguros de responsabilidad civil y garantías exigibles a las empresas